José Manuel Velázquez: 'El más grave de los incumplimientos con los temporeros es el de hacerles trabajar a destajo'

By | sábado, noviembre 07, 2020 Leave a Comment
Fotografía de JMVM, del asentamiento destrozado de inmigrantes temporeros en abril de 2020, Lepe.

Fotografía de JMVM, del asentamiento destrozado de inmigrantes temporeros en abril de 2020, Lepe.

Trabajar a destajo sin acceso garantizado al agua: la dura realidad de muchos trabajadores migrantes en el sur de España

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL VELÁZQUEZ MAZUECOS


En agosto de 2020 falleció en la localidad murciana de Lorca (España) un jornalero de nacionalidad nicaragüense que trabajaba —de forma irregular— en la recolecta de sandía; el trabajador fue abandonado en estado inconsciente por una furgoneta a la entrada de un centro de salud público con síntomas compatibles con un golpe de calor (aquel día la temperatura en Lorca alcanzó los 44 ºC). El sindicato español CC.OO. hace tiempo que viene denunciando que las empresas “no facilitan agua fresca para beber a su personal, ni comedores donde puedan protegerse de las inclemencias climáticas y que incluso incumplen la jornada intensiva, con el agravante de estar advertidas de las altas temperaturas que se darían en estos días”, una problemática que afecta directamente a la línea de flotación de los derechos sociales en torno al agua y a la responsabilidad pública en estos supuestos.


¿Considera usted que este lamentable suceso constituye una severa llamada de atención sobre las condiciones extremas y los riesgos que corren los trabajadores temporeros del campo en España durante el desarrollo de su actividad laboral?

Sin duda alguna. Es penoso que tengan que suceder tragedias de este tipo para que pongamos el foco en una cuestión que viene siendo un problema de tiempo atrás, yo diría que inherente al trabajo en el campo en nuestros días. La muerte de este temporero es el resultado de un modelo de explotación laboral que se extiende en la mayor parte de los territorios de nuestro país. Sobre todo, y de una manera más cruenta, entre los temporeros y temporeras que se encuentran en situación “irregular”, pero también sobre el conjunto de los trabajadores del campo. No ha sido sino hasta hace bien pocos años —y gracias a la incansable lucha de los jornaleros y las jornaleras, así como de algunas organizaciones campesinas— que se han conseguido ciertas mejoras en sus derechos laborales. Podemos decir que el gran logro de estas luchas ha sido la consecución de convenios colectivos sectoriales.


No obstante, a pesar de esta reciente regularización de la actividad en el campo, la continua vulneración de derechos y la flagrante impunidad de quienes cometen estos abusos dejan en muchas ocasiones en un lugar de absoluta desprotección a los trabajadores. Los convenios establecen la duración de las jornadas de trabajo, el salario, y todo tipo de estipulaciones respecto a tiempo de descanso, horas extras, desplazamiento y condiciones laborales en general. Sin embargo, es muy frecuente que estas regulaciones no se cumplan.

Quizás el más grave de los incumplimientos —y que peores consecuencias conllevan sobre la salud de las y los temporeros— sea la práctica de trabajar “a destajo”, pues supone pagarles por realizar una tarea determinada, independientemente del tiempo que sea necesario emplear en ella. Esta práctica ilegal se continúa realizando en multitud de lugares de manera frecuente, máxime en los lugares en los que se explota la mano de obra migrante de trabajadores y trabajadoras que no tienen su situación “regularizada”, y que están por tanto expuestos a todo tipo de abusos. En este sentido, por ejemplo, el Convenio Agrícola Forestal Pecuario de Murcia de 2016-18 —vigente actualmente— establece que “...los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizará jornada intensiva de 7 horas diarias, como máximo...”, pudiendo realizarse “hasta un máximo de dos horas extras diarias...”. 

Por las informaciones que salieron a la luz tras el fallecimiento en Murcia en agosto de 2020 del temporero al que aludía en su pregunta, parece que este había estado trabajando más de once horas, sin acceso a agua potable; este trabajador se encontraba en situación “irregular”, es decir, que ninguno de los derechos laborales le eran aplicables porque, sencillamente, carecía de contrato. Precisamente por eso le dejaron tirado en la puerta del ambulatorio. La empresa cometió, primero, el delito de ponerle a trabajar sin contrato y, a continuación, alguien que conocía las consecuencias legales de ese delito tuvo la poca humanidad de abandonarle aparentemente en muy mal estado.

En la experiencia que ha tenido usted con organizaciones y asociaciones de jornaleros —particularmente aquellos en situación vulnerable como los migrantes, sobre todo irregulares—, ¿diría que el acceso al agua y a condiciones de salubridad en el trabajo de estas personas es suficiente para desarrollar dignamente su actividad laboral?

Definitivamente no; en la mayoría de los “tajos” no se proporciona agua a los jornaleros. Estos han de llevarla consigo en botellas o garrafas que deben racionar de manera eficiente para que les dure hasta el final de la jornada, lo cual se hace difícil cuando se han de trabajar horas extras. Por tanto, podemos decir que se trabaja en muchas ocasiones sin acceso a agua potable, y además, la mayoría de tierras de cultivo se encuentran en lugares en los que no hay ningún tipo de acceso al agua potable. En contadas ocasiones se les lleva agua en bidones, que muchos intentan evitar beber porque, según cuentan, beber de estos recipientes les produce frecuentemente problemas digestivos.


En relación a los descansos para comer, los jornaleros y jornaleras comen en el suelo; con suerte, a veces se puede encontrar la sombra de la pared de un cortijo o de alguna vieja edificación, debajo de un árbol en el mejor de los casos si se está trabajando en frutales, o ni eso, pegado al coche. En la mayoría de ocasiones no hay otra opción que hacerlo bajo el sol, el frío o la lluvia. El ejemplo del convenio laboral anteriormente referido no concreta nada respecto a los descansos, únicamente su duración de veinte minutos; nada dice de que la empresa tenga obligación de habilitar un espacio, ni como comedor, ni habilitar algún medio de refugio para proteger a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

Por otro lado, existen otro tipo de circunstancias que atentan directamente contra la integridad física de los jornaleros, como por ejemplo la realización de actividades sin las debidas medidas de protección. Igualmente ocurre con la manipulación de maquinaria o herramientas potencialmente peligrosas, para las que a menudo los trabajadores no reciben formación en su manejo. En otras ocasiones se les obliga a realizar labores de manipulación de productos tóxicos sin la capacitación ni las medidas preventivas que a cualquiera nos parecerían imprescindibles. Este hecho es especialmente grave, no solo para la salud de quienes realizan estas tareas, sino también para el resto de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la zona; no se respetan medidas ni distancias de seguridad, y a menudo se realizan tareas simultáneas en los mismos lugares que están siendo tratados con estos tóxicos. Muchos de los afectados y afectadas refieren molestias tras haberse encontrado expuestos a estos productos químicos.

En el caso particular de los jornaleros migrantes con los que usted trabaja, ¿cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo en relación con el acceso al agua y cuál es la realidad diaria a la que se enfrentan en ese aspecto?

La principal reivindicación del colectivo de jornaleros/as migrantes es la regularización, claro. Sin papeles no son personas, sencillamente no existen administrativamente, y en consecuencia no tienen ningún derecho. Por desgracia, las instituciones no terminan de reunir la valentía suficiente para acometer una reforma integral de la Ley de Extranjería, un problema que personalmente creo que a alguien le habrá de explotar en la cara en algún momento.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes que se encuentran en situación “irregular” a veces también pueden acceder a un trabajo en el campo, pero tienen muchísima más dificultad, y además lo hacen sin contrato y sin absolutamente ningún derecho que les asista. En este caso, los empresarios les pagan lo que quiere —normalmente menos de la mitad del jornal— y les obligan a trabajar las horas que les da la gana (normalmente el doble del jornal). Les fuerzan, además, a hacer tareas peligrosas, insalubres, extenuantes... me atrevo a decir alto y claroque se dan casos de auténtica esclavitud cuando al fenómeno del aprovechamiento de la situación socioeconómica de estas personas añadimos la extorsión directa. Muchas de las historias que se pueden oír en cualquiera de estos asentamientos no dejan lugar a duda.

La realidad de los jornaleros y jornaleras migrantes en la provincia de Huelva (España) es doblemente complicada, ya que a las dificultades propias del trabajo en el campo de las que venimos hablando, se añade la circunstancia de que la gran mayoría no tienen una vivienda digna donde poder descansar al final de la jornada. La mayor parte de estas personas —tanto las que están en situación “regular” como las que no— malvive en asentamientos de chabolas sin unas mínimas condiciones de seguridad y salubridad, ante la imposibilidad de acceso a vivienda.

Los motivos de que esta sea la dura realidad de estas personas habremos de buscarlos, a mi entender, en el seno de una sociedad que mira hacia otro lado ante el problema de la migración, de unas instituciones que manifiestamente no se atreven a poner soluciones sobre la mesa, y de una comunidad internacional que no tiene ningún interés en preocuparse por la vida de estas personas. A Occidente le sigue interesando seguir empobreciendo a los países del sur y recibiendo esa provechosa mano de obra barata. Eso a nadie se le escapa.

Mas allá de esto, y volviendo al tema concreto que ahora nos ocupa, evidentemente la respuesta a la pregunta que me hace es no: estas personas no tienen acceso a agua potable en sus asentamientos. Para conseguirla, deben recorrer largas distancias —a veces hasta varios kilómetros— con sus bicicletas o carritos de supermercado repletos de garrafas, que llenan personalmente en alguna fuente o manantial. Estas garrafas reutilizadas, en la mayoría de los casos, servían en origen para contener líquidos tóxicos (los mismos que utilizan en el campo); una vez se vacían de sustancias tóxicas los trabajadores las recogen, las lavan con agua y jabón, y las reutilizan para contener el agua que van a beber durante la jornada. El agua se convierte en el elemento central en su día a día una vez ha terminado la jornada; así, después de un largo y duro día de trabajo en el campo, tienen que coger sus garrafas y desplazarse hasta las fuentes, hacer el camino de regreso con la pesada carga, y comenzar el ritual diario de asearse y cocinar. Para cuando terminan estas tareas, el día ya ha acabado.


Por otro lado, se encuentra el caso de las mujeres marroquíes contratadas en origen; a estas temporeras se les ofrece una vivienda en el cortijo, que normalmente suele estar en bastantes malas condiciones (a veces se trata de viejas edificaciones, otras de módulos prefabricados); en ambos casos, muchas de ellas también carecen de agua potable. Estas temporeras, contratadas según un convenio especial de España con el Gobierno marroquí, viven situaciones realmente difíciles, tanto en los tajos como fuera de ellos. En los últimos años se han detectado y denunciado numerosos casos de acoso o abuso sexual por parte de los capataces, e incluso graves casos de agresiones aún en proceso judicial. Lo cierto es que los problemas de este colectivo merecerían más que una breve reseña; su experiencia ofrece testimonios muy reveladores sobre la vulneración de derechos y los abusos cometidos en el campo.

Por lo que comenta, parece claro que la responsabilidad en materia de garantía de cumplimiento de los derechos laborales —y en particular los referidos a las condiciones hídricas— es compartida tanto por empleadores de los trabajadores como por las instituciones competentes. ¿Cómo valoraría la actuación de las autoridades locales y regionales de Huelva y Andalucía en este sentido?

En estas zonas, diariamente son interpuestas denuncias por parte de sindicatos, colectivos o personas individuales respecto de las malas prácticas empresariales; es decir, el problema está absolutamente detectado y, en muchos casos, correspondientemente denunciado.

La razón de que continúen sucediendo tal cantidad de ilegalidades se pueden explicar por varias vías. En primer lugar, la notable deficiencia del principal ente público responsable, la Inspección de Empleo y Seguridad Social, organismo administrativo perteneciente al Ministerio de Trabajo y Economía Social cuya labor es revisar el correcto cumplimiento de la ley en las obligaciones laborales y de Seguridad Social de empresas y trabajadores. Y por otro, el importante poder que ha adquirido en los últimos años la patronal: la concentración de tierras ha facilitado laproliferación de grandes empresas, y la inserción en el mercado del fruto rojo de capital extranjero y empresas transnacionales (un sector que mueve anualmente miles de millones de euros y cuyos lobbies ya tienen mucho poder). En la mayoría de las ocasiones, según cuentan los trabajadores, trabajadoras y los propios sindicatos, las empresas son avisadas con anterioridad de cuándo van a tener una inspección.

En relación con las administraciones de ámbito local y regional, no se puede decir que hayan aportado o estén aportando soluciones concretas a los problemas de los temporeros. Los principales ayuntamientos afectados se lavan las manos argumentando que no tienen competencias para ninguno de los asuntos que se le presentan. La Junta de Andalucía, no obstante, asignó en abril de 2020 una partida de 2,3 millones de euros, incluida en un Decreto Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social para los asentamientos de Huelva y Almería, en respuesta a la situación devenida de la covid-19. Estas partidas debían ser gestionadas por los ayuntamientos, pero que se sepa, hasta el momento, ninguna de esas ayudas a llegado aún a ningún asentamiento.

La realidad de la situación es que la movilización de estos fondos estuvo directamente relacionada con la visita del Relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, que había visitado los asentamientos de Huelva en el mes de febrero, poco antes de la declaración del Estado de Alarma en España, elaborando un informe exhaustivo de las condiciones de los asentamientos. Alston manifestó su asombro por la situación de los recolectores de fresa en Huelva, que “viven como animales mientras grandes empresas ganan millones de euros”. A la vez pedía al Gobierno de España “que envíe inspectores laborales”. El Relator indicó que en esos días había visitado zonas “con peores condiciones que un campo de refugiados, sin agua corriente ni electricidad”. Estas declaraciones formaron mucho revuelo, e incluso desde el Gobierno central se apresuraron a anunciar la intensificación de las inspecciones laborales en la zona.

Pocas semanas después se produjo una situación dantesca; con la declaración del Estado de Alarma, el estado español dejaba confinadas a unas 5.000 personas en asentamientos sin acceso a agua potable, y para encargarse de que el confinamiento se llevara a cabo envió a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que explicaba a los temporeros y temporeras por los altavoces, en varios idiomas, la importancia de la higiene para evitar el contagio, sin que estas personas tuvieran siquiera acceso efectivo a agua corriente. La Mesa Social del Agua de Andalucía —plataforma integrada por trece organizaciones sindicales, ecologistas, ciudadanas, empresariales, agrarias y científicas— denunció que “dos semanas después de la declaración del Estado de Alarma y tras innumerables denuncias, solicitudes formales e incluso actuaciones legales, los asentamientos de trabajadores inmigrantes de Huelva, en los que se alojan cerca de 5.000 personas, siguen en las mismas condiciones de insalubridad, elevadísimo riesgo sanitario y sin acceso mínimo al agua potable”.

Ninguna administración local, regional o central, hizo nada para proporcionar agua a estas personas durante las primeras semanas de la pandemia. Varias semanas después pusieron a disposición un camión cisterna para abastecer de manera intermitente a los asentamientos, algo que, por cierto, se podría haber estado haciendo igualmente antes, durante y después del Estado Alarma, vista la facilidad de la puesta en práctica y la eficiencia de la medida. De hecho, muchos asentamientos de temporeros se encuentran a escasos metros de los polígonos industriales donde se ubican las mismas empresas que les explotan, de modo que hubiera sido sumamente
sencillo proporcionarles agua de la red de abastecimiento que pasa justamente bajo sus pies; otros asentamientos se encuentran junto a grandes balsas de agua de riego extraída de los pozos de la zona.

Además, asociado al problema de la gestión y uso del agua, es preciso señalar que en Huelva se está denunciando desde hace años que el cultivo de la fresa está suponiendo una importante merma de los recursos hídricos del Parque Nacional de Doñana, y que la proliferación de pozos
ilegales supone un grave peligro en ese sentido. La cuestión es que en esta provincia los jornaleros y jornaleras no tienen acceso a agua potable en el campo, y que la mayoría de ellos y ellas viven en asentamientos de chabolas o prefabricados donde tampoco tienen acceso a esta, mientras que por otra parte, asociado a la actividad productiva en la que estas personas trabajan, se pone en grave riesgo el ecosistema de un Parque Nacional para intentar mantener una producción totalmente insostenible, únicamente sustentada sobre la base de la explotación del ser humano y de los recursos naturales para el enriquecimiento de unos pocos.

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José Manuel Velázquez Mazuecos es Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Ha militado en el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y posteriormente en su refundación, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT); es activista desde el movimiento autónomo en diferentes luchas sociales, y actualmente desarrolla un trabajo de investigación en los asentamientos de temporeros y temporeras migrantes en la provincia de Huelva (España).


La entrevista realizada por Eduardo Tamayo Belda y compartida en este blog está extraída bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0 Int., del número 45 (2020) de la revista Relaciones Internacionales, de la Universidad Autónoma de Madrid.

https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/index
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/issue/view/relacionesinternacionales2020_45/615


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